El blog del Grupo Inmobiliario Ferrocarril
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Parla es una de las 50 ciudades más pobladas de España. Ubicada a 16 kilómetros de la capital, es un municipio de la Comunidad de Madrid y posee más de 120.000 habitantes. Tiene una extensión de más de 24 kilómetros cuadrados y limita al norte con Fuenlabarda, al sur con Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada, al este con Pinto y al oeste con Griñón y Humanes de Madrid. (more…)

Inmoferrocarril desarrolló el Residencial “Jardines de Torrejón” en Torrejón de Ardoz y ya cuenta con la licencia de 1ª ocupación de la promoción. (more…)

A sólo unos minutos de Plaza de Castilla y cerca de Barajas encontramos viviendas en Valdebebas, una de las mejores zonas de Madrid. Este nuevo espacio residencial contará con grandes espacios verdes, además de actividad comercial, económica y de ocio, totalmente rodeado de alta calidad y diseño moderno. (more…)

Un estudio realizado por la Asociación Hipotecaria Española determinó que por la escasez de oferta, algunas zonas de España podrían sufrir una inflación en sus precios. Para que esto no suceda aseguran que debe darse una recuperación lenta pero constante del sector inmobiliario y de la construcción. (more…)

El próximo 16 de diciembre se entregarán los Premios de Honor de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León. La ceremonia se realizará en el Auditorio de la Feria de Valladolid. Es la tercera edición de estos premios y las nuevas categorías hacen su debut este año. El estudio alemán Sauerbruch & Hutton es el ganador en la categoría internacional. (more…)

Residencial Valdebebas II

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Nueva promoción de 35 viviendas protegidas del tipo VPPL en régimen de cooperativa en el nuevo desarrolo urbanístico de Valdebebas.

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con 2 plazas de garaje y trastero. Urbanización con piscina.

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“Hay argumentos más que suficientes para que el Ayuntamiento paralice la venta de nuestras casas”, afirman los vecinos de los cuatro edificios que el consistorio madrileño subastará el próximo 13 de septiembre. “Nuestra idea es no tener que llegar a la vía judicial, pero aunque haremos todo lo posible, no la descartamos”, explica Alejandro Muñoz, uno de los portavoces de la Plataforma de afectados por la subasta de la EMVS.

De momento, ya han comenzado las colectas entre los 630 inquilinos para contratar a un abogado y los primeros contactos con varios despachos madrileños expertos en expropiaciones. El 1 de septiembre, los vecinos se reunirán con los abogados de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

En ese “todo lo posible” incluyen la posibilidad de la mediación de Esperanza Aguirre, a la que ayer solicitaron formalmente una reunión. De momento, el único encuentro con el ejecutivo regional de los vecinos se produjo, el pasado 10 de agosto, con Juan Blasco, viceconsejero de Vivienda y Suelo, ya que es la Comunidad de Madrid la tiene que dar el último sí a la operación promovida por el Ayuntamiento.

Esta mañana, un grupo de cuarenta vecinos se ha manifestado delante de la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y aún prevén dos concentraciones más los próximos 1 el 3 de septiembre.

La Comunidad dará el último sí

“En este momento, la mayor confianza la tenemos puesta en Esperanza Aguirre, y seguimos esperando que nos dé una cita para poder reunirnos con ella, otra cosa es que quiera y pueda. Aún así, no descartamos otras vías, como la legal”, afirma Muñoz.

Sin embargo, según explican en la consejería regional de Vivienda, “el Ayuntamiento no tiene que obligación de notificar nada mientras no se concrete quién será el comprador y las condiciones de la venta”, por lo que el gabinete de Gallardón no ha incurrido en irregularidades en este aspecto.

Una vez haya concluido el plazo de subasta abierto por la EMVS, el futuro comprador tendrá que pasar el examen de la Comunidad, que debe asegurarse de que éste reúne las condiciones para cumplir con los compromisos como gestor de vivienda pública.

La decisión es firme

El miércoles pasado, Juan José De Gracia, máximo responsable de la EMVS, se mostró tajante en su decisión de enajenar los cuatro edificios de Sanchinarro, Carabanchel, Pavones y Vallecas. De Gracia, afirmó que los 64 millones euros que podría ingresar, en principio, el municipio se destinarán a nuevas promociones de vivienda en alquiler.

Este verano, el Ayuntamiento ha dado un giro a su estrategia de vivienda protegida, ya que su objetivo será crear un parque de viviendas de rentas bajas y rotatorio, con contratos de alquiler de cinco años, y no de quince como los actuales.

Dudas sobre la propiedad

Antes de llegar a los tribunales y alargar el proceso, los vecinos esgrimen aún varias bazas. En primer lugar, “la ley dice que los edificios deben enajenarse en su totalidad, pero al menos en el caso de las promociones de Carabanchel y Vallecas, los garajes y los locales comerciales ya fueron vendidos a particulares por la EMVS”, estima Muñoz.

Para algunos vecinos, que les haya tocado a ellos o no es una cuestión menos importante que el hecho de que, como explica Sara Moreno, inquilina de Vallecas 6, “se esté sentando un precedente en el que el Ayuntamiento cederá un edificio público, construido sobre suelo público a una empresa privada. Es decir, que, gracias al dinero de todos, se vaya a enriquecer un particular”.

El Gobierno central quiere eliminar del plan de vivienda estatal las ayudas al alquiler de pisos protegidos (en general y para colectivos específicos y vulnerables), a la adquisición y urbanización de suelo y a la entrada para familias que ganan menos de 16.000 euros anuales. Los sindicatos CC OO y UGT, así como la patronal de la construcción Fadeco, han pasado del rechazo a la acción y han trasladado a Madrid alegaciones contra los recortes en las que denuncian que el ajuste “dinamitará” el plan. Mientras, la Consejería de Obras Públicas informó ayer de una primera reunión técnica con responsables del Ministerio de Vivienda en la que “intercambiaron documentación”.

UGT y CC OO relegan la labor del Ministerio a “planificar e impulsar” y no a “poner trabas y dificultades” a las comunidades autónomas, que deben ser, en última instancia y a juicio de los sindicatos, quienes decidan dónde recortan. UGT y CC OO acusan al Gobierno de “atentar contra los derechos sociales de los andaluces” y exigen el mantenimiento de los compromisos. También demandan la reunión de la mesa de seguimiento del plan de vivienda para garantizar la financiación del mismo, que depende de más de 9.000 millones de las entidades bancarias.

La patronal fue también beligerante y exigió el mantenimiento de las ayudas y la reducción del IVA para los pisos protegidos a la mitad. Acusó al Gobierno de “anular el objetivo de asegurar el acceso a la vivienda”, causar la “muerte prematura del plan”, “desincentivar la oferta y la demanda” y “aumentar la parálisis del sector”.

Obras Públicas, tras el intercambio de documentación, afirmó que “seguirá trabajando por el mantenimiento de las políticas de VPO”.

el ayuntamiento de madrid se ha propuesto acabar con el fraude en las viviendas sociales que gestiona a través de la empresa municipal de la vivienda (emvs). pasados los cinco primeros años de contrato, revisará las condiciones económicas de los inquilinos para permitirles seguir en la casa o bien obligarles a dejar paso a otra familia con ingresos inferiores

de este modo, los nuevos alquileres que realice la emvs de madrid, tendrán vigencia de cinco años – prorrogables cinco más- frente a las 10 y 15 anualidades por las que firma alquileres protegidos en la actualidad. el objetivo es acabar con la venta de viviendas sociales cuando acaba el plazo en el que deben dedicarse al alquiler protegido y conseguir que madrid disponga de un verdadero parque de vivienda social en alquiler, ha explicado juan josé de gracia, consejero delegado de la empresa municipal

la decisión del ayuntamiento se produce poco después de la polémica levantada ante la intención del consistorio de vender cuatro promociones de vivienda pública a empresas del sector. los inquilinos de los pisos han puesto el grito en el cielo al enterarse de esta decisión puesto que contaban con la esperanza de que el ayuntamiento se los vendiese a ellos a precio protegido una vez finalizase la vigencia del contrato de alquiler

El jefe del Ejecutivo andaluz entra en el cuerpo a cuerpo con el Ministerio tras las críticas de Rosa Aguilar.

SEVILLA- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, remachó ayer el desacuerdo manifestado el martes por la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, en relación con el recorte de ayudas para VPO que proyecta el Gobierno y que afecta directamente a las comunidades autónomas. El máximo mandatario andaluz anunció que solicitará al Ejecutivo central que se establezca un periodo transitorio para las ayudas a la compra de viviendas de protección oficial tras el cambio «drástico» que, en su opinión, suponen las propuestas para su eliminación planteadas por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
Así lo anunció Griñán durante una visita a una instalación agroenergética en El Coronil (Sevilla), donde insistió en que Andalucía está «totalmente de acuerdo» con el hecho de que la vivienda protegida profundice en el alquiler, ya que «cuando una persona empieza a buscar vivienda, a lo mejor no tiene capacidad para tener los créditos necesarios». Sin embargo, advirtió de que es necesario ayudar a que se produzcan «avances» en ambas situaciones. «Nos hemos opuesto a que esto se haga de forma drástica, de la noche a la mañana, y que de repente se pase de las ayudas a la adquisición de viviendas a las de alquiler», abundó. El Gobierno central lo que pretende es priorizar las políticas de alquiler y rehabilitación, mientras que se sustituiría la ayuda directa para la entrada de una vivienda por la ampliación de la hipoteca hasta el 90 por ciento del valor del piso.
Por último, manifestó que la Junta continuará con la labor que está realizando y seguirá pidiendo en los encuentros bilaterales y comisiones que se produzca dicho periodo transitorio.
Por su parte, la consejera de Obras Públicas mostró el martes su «total desacuerdo» con algunas de las propuestas y avisó de que plantearán las «alegaciones correspondientes».